Un informe foral revela que el modelo de copago asegura elevados niveles de accesibilidad y protección económica, aunque plantea reformar la Prestación Vinculada al Servicio para aliviar las cargas
El diputado foral de Políticas Sociales, Gorka Urtaran, ha presentado este jueves en las Juntas Generales de Álava las principales conclusiones de un estudio sobre la participación económica de las personas usuarias en la atención residencial a personas mayores dependientes.
El informe revela que el modelo de copago foral asegura elevados niveles de accesibilidad y protección económica, aunque plantea la necesidad de reformar la Prestación Económica Vinculada al Servicio (PEVS) para aliviar la carga de quienes recurren provisionalmente a plazas privadas y que estas sean «más asequibles».
Fortalecimiento de la red de plazas públicas y concertadas
La primera de las líneas estratégicas avanzadas por la institución foral pasa por continuar fortaleciendo la red foral de plazas de responsabilidad pública.
Según constata el informe presentado, el modelo residencial alavés ofrece una de las mayores coberturas de atención de su entorno, alcanzando un 3% de la población mayor de 65 años. Este índice sitúa al territorio por encima de los vecinos territorios de Bizkaia (2,6%) y Gipuzkoa (2,8%), mediante un sistema equilibrado que combina plazas públicas y concertadas con la mencionada PEVS.
Asimismo, el estudio evidencia el notable esfuerzo financiero de la Diputación, señalando que las personas usuarias de plazas públicas y concertadas en Álava solo aportan el 22,3% del coste real de su plaza. Esta cifra se sitúa sustancialmente por debajo de otros territorios como Gipuzkoa, donde el copago medio alcanza el 49,9%, o Navarra, con un 45,7%.
Ante estos datos, Urtaran ha defendido que incrementar la disponibilidad de plazas concertadas es clave para consolidar una respuesta accesible y equitativa ante las necesidades de cuidados de larga duración de la ciudadanía.
Revisión de las prestaciones para plazas privadas
La segunda línea de actuación se centra en la revisión al alza de las cuantías de la (PEVS).
El estudio identifica que las personas que acceden a residencias privadas a través de esta fórmula asumen en la actualidad un esfuerzo económico significativamente mayor que los usuarios de la red pública o concertada. La PEVS opera como una ayuda pública temporal para sufragar los gastos de un centro privado hasta que se libere una plaza pública.
Residencia Sanitas San Martín. Paulino Oribe Gutiérrez
Para corregir esta asimetría, el diputado foral ha manifestado que es necesario contemplar mecanismos que reduzcan el esfuerzo económico de los beneficiarios de la PEVS cuando no haya vacantes públicas disponibles.
Urtaran ha remarcado la importancia de esta medida para garantizar la libertad de elección de las familias alavesas y facilitar un acceso justo a los cuidados especializados de calidad.
Reflexión sobre la progresividad y la sostenibilidad del sistema
Como tercer eje de intervención, Políticas Sociales ha planteado la conveniencia de abrir un debate sobre la participación económica de las personas con rentas más altas. El informe de la Diputación concluye que el actual modelo de copago alavés resulta menos progresivo que otros sistemas de nuestro entorno. Las diferencias en los copagos que abonan los usuarios de ingresos medios y altos financian una parte menor del coste real del servicio en comparación con otros territorios históricos.
Por este motivo, Urtaran ha abogado por analizar un incremento en las aportaciones de los perfiles con mayor capacidad económica. Esta medida tendría como finalidad directa reforzar la financiación pública de la red foral y obtener nuevos recursos que permitan seguir ampliando plazas, servicios y coberturas para el conjunto de la sociedad alavesa.
